¿Por qué la información es un derecho esencial y no lo es la tutela jurisdiccional de los derechos?

A estas alturas de la aplicación de los Reales Decretos de medidas urgentes en torno a la declaración del estado de alarma derivada de la pandemia del Coronavirus, la pregunta que nos formulamos debe ser resuelta.

No es comprensible que no sean esenciales otros derechos tan fundamentales como el de la información. Y que el legislador no haya reparado en una cuestión tan importante y fijado el mínimo esencial de la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales.

No ha percibido que esto, es devaluar el poder jurisdiccional del Estado. Como si se tratara de un poder subordinado al Ejecutivo. Una de las muestras más claras que Montesquieu y su separación trípode del poder, hace años que desapareció en algunos Estados …

Si los Estados liberales europeos, no equilibran estos tres poderes, exhibiendo la preeminencia de uno de ellos sobre los otros dos, al menos debe haber uno de ellos que arbitre los eventuales abusos, quebrantos y fraudes que puedan surgir por la misma situación de emergencia. Este es y debería seguir siendo tanto derecho fundamental como el derecho a ser informado verazmente. Por esencial y por necesario.

Incluso, teniendo en cuenta el contenido del art. 6.2 del Título Preliminar del Código Civil:

“La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros”.

Es decir, ¿qué pasa si en ejercicio de un derecho en las circunstancias actuales, se perjudica el interés general, el orden público o un tercero? Pues, no puede pasar nada. Máximo pasará que se recibirá una multa por la que no podrá incoarse el oportuno procedimiento administrativo con trámite de alegaciones incluido, no podrá en su propio descargo proponer las pruebas que considere y tampoco verá una resolución administrativa sin dilaciones indebidas. Y, esto porque están suspendidos o interrumpidos todos los actos procesales y plazos procedimentales desde el pasado 14 de marzo.

En la justicia, todo lo que no sea urgente, no se está tramitando. Y la vulneración consiste, a mi juicio, en obligarnos a todos los ciudadanos a una renuncia de derechos en masa y continuada, haciéndola obligatoria y sin posibilidad de discusión.

Hay muy pocas actuaciones procesales que sean presenciales en la mayor parte de los Órdenes jurisdiccionales. De modo que, el resto de las actuaciones (la mayoría) escritas, deberían seguir tramitándose con el fin de equilibrar los derechos civiles de la ciudadanía e impedir que los ciudadanos acaben entendiendo que el Poder es solamente uno, desbocado, sin control alguno y que va campando por donde quiere.

Si la renuncia a derechos es y debe ser exclusivamente voluntaria, que nos pregunten personalmente, si queremos renunciar a que se nos administre justicia.

Silvia Requena