¿Por qué la información es un derecho esencial y no lo es la tutela jurisdiccional de los derechos?

A estas alturas de la aplicación de los Reales Decretos de medidas urgentes en torno a la declaración del estado de alarma derivada de la pandemia del Coronavirus, la pregunta que nos formulamos debe ser resuelta.

No es comprensible que no sean esenciales otros derechos tan fundamentales como el de la información. Y que el legislador no haya reparado en una cuestión tan importante y fijado el mínimo esencial de la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales.

No ha percibido que esto, es devaluar el poder jurisdiccional del Estado. Como si se tratara de un poder subordinado al Ejecutivo. Una de las muestras más claras que Montesquieu y su separación trípode del poder, hace años que desapareció en algunos Estados …

Si los Estados liberales europeos, no equilibran estos tres poderes, exhibiendo la preeminencia de uno de ellos sobre los otros dos, al menos debe haber uno de ellos que arbitre los eventuales abusos, quebrantos y fraudes que puedan surgir por la misma situación de emergencia. Este es y debería seguir siendo tanto derecho fundamental como el derecho a ser informado verazmente. Por esencial y por necesario.

Incluso, teniendo en cuenta el contenido del art. 6.2 del Título Preliminar del Código Civil:

“La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros”.

Es decir, ¿qué pasa si en ejercicio de un derecho en las circunstancias actuales, se perjudica el interés general, el orden público o un tercero? Pues, no puede pasar nada. Máximo pasará que se recibirá una multa por la que no podrá incoarse el oportuno procedimiento administrativo con trámite de alegaciones incluido, no podrá en su propio descargo proponer las pruebas que considere y tampoco verá una resolución administrativa sin dilaciones indebidas. Y, esto porque están suspendidos o interrumpidos todos los actos procesales y plazos procedimentales desde el pasado 14 de marzo.

En la justicia, todo lo que no sea urgente, no se está tramitando. Y la vulneración consiste, a mi juicio, en obligarnos a todos los ciudadanos a una renuncia de derechos en masa y continuada, haciéndola obligatoria y sin posibilidad de discusión.

Hay muy pocas actuaciones procesales que sean presenciales en la mayor parte de los Órdenes jurisdiccionales. De modo que, el resto de las actuaciones (la mayoría) escritas, deberían seguir tramitándose con el fin de equilibrar los derechos civiles de la ciudadanía e impedir que los ciudadanos acaben entendiendo que el Poder es solamente uno, desbocado, sin control alguno y que va campando por donde quiere.

Si la renuncia a derechos es y debe ser exclusivamente voluntaria, que nos pregunten personalmente, si queremos renunciar a que se nos administre justicia.

Silvia Requena

CESSAR “EN ABSTRACTE”

Fa ja un any que defenso la causa d’un nombre “n” de persones cessades en abstracte amb motiu de l’aplicació de les mesures acordades pel Senat invocant l’article 155 CE.

Davant d’aquest assumpte, es fa obligat llegir d’una banda el mateix article 155 CE i de l’altra, les mesures aprovades pel Senat amb motiu d’aquella aplicació.

Després d’aquest recomanable exercici, hom pot concloure que l’execució material de les mesures i de la interpretació donada ultrapassa (i molt) el contingut literal del precepte constitucional.

Per més que m’afano a trobar en quin apartat de l’art. 155 CE n’apareix la paraula “cessar”, no me’n surto.

No hi ha una sola paraula que s’hi refereixi a aquest verb en tot el contingut del precepte.

En algun cas, la deliberació i fallament per part de la Sala Tercera del Tribunal Suprem s’ha convocat per al 22 d’octubre de 2019 i, en altres, s’ha posposat la mateixa sessió per al 10 de desmebre, el Dia Internacional dels Drets Humans.

La nostra demanda invoa Drets fonamentals i, sembla que el destí hagi fet coincidit aquestes dues dates.

Era només un apunt.

 

Sarmiza Bilcescu, precursora del acceso de la mujer a la Abogacía

“Sobre la condición jurídica de la madre”. Bajo este título no solo se esconde el esfuerzo y el trabajo que culminó en una tesis doctoral. El gran descubrimiento fue conocer a su autora, una mujer que ostentó el privilegio de haber sido la primera Doctora en Derecho de todo el mundo.
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